Tras acumular una gran cantidad de números, comenzaban las amenazas con intimidaciones extremas a través del envío de imágenes exigiendo pagos tanto por transferencia como por sistemas de pago instantáneas entre particulares. Los teléfonos de los presuntos autores eran siempre de modalidad prepago, obtenidos de manera fraudulenta en locutorios a los que les entregaban un incentivo de entre cinco y diez euros por tarjeta SIM, llegando a detectar más de 500 números distintos.

Existían captadores, extractores, mulas y voces

En la organización criminal existían distintos actores con funciones diferenciadas. Por un lado estaban las mulas, que conscientemente y a cambio de unos 50 euros abrían, cuentas bancarias online para recibir los ingresos de las víctimas. En otras ocasiones, mediante anuncios de falsas ofertas de trabajo, obtenían los datos personales y el número teléfono de terceras personas que también utilizaban para la activación de más cuentas.

Por otro lado estaban los captadores, que se encargaban de buscar a las mulas las cuales, en muchas ocasiones, eran captadas entre drogodependientes a los que aseaban y vestían con ropas de marcas de alta gama para que acudieran a las sucursales.  Los extractores acudían rápidamente a las entidades para retirar el dinero una vez que los afectados hacían los pagos y lo entregaban a los miembros de la cúpula de la organización. Finalmente, las voces, eran los que detrás de los teléfonos hablaban con las víctimas y las manipulaban simulando ser supuestos sicarios para conseguir los pagos.

Estafa del hijo en apuros

En dicho centro de operaciones los investigadores descubrieron que también estaban cometiendo la estafa del hijo en apuros de manera masiva. Con este método se hacían pasar por los hijos de las víctimas, a través de mensajería, simulando que escribían desde el teléfono de un amigo para solicitar dinero al haber sufrido una emergencia ante la que estaban incomunicados.

De los detenidos, 7 han entrado en prisión y se han incautado alrededor de 250.000 euros – de los cuales 60.000 en criptomonedas-, armas de fuego y machetes, diversas sustancias estupefacientes, material informático, 90 terminales móviles, seis turismos y documentación relacionada con la actividad delictiva. Además, se ha logrado el bloqueo de tres viviendas valoradas en 270.000 euros, 129 cuentas bancarias y más de 20 vehículos.