Plantas de biogás y macrogranjas en Castilla y León: piden una moratoria de seis años y legislación propia

La Plataforma de Castilla y León Stop Macroplantas y Macrogranjas, que aglutina a una veintena de municipios de la Comunidad afectados por la posible llegada de este tipo de instalaciones, exige una moratoria de seis años para nuevas autorizaciones y una legislación específica, además de controles y transparencia, según informa EFE.

Representantes de la plataforma procedentes de Burgos, Zamora y Salamanca se han reunido este martes con el director general de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, un encuentro del que ha salido con la impresión de que han conseguido "poco o nada".

"Pedimos una legislación específica, una planificación, regulación, control y transparencia. Y nos han contestado que ellos se atienen a la normativa existente, por ejemplo la medioambiental, y en función de eso ven los proyectos; pero nosotros exigimos una propia para este tipo de plantas", ha explicado a EFE tras el encuentro Ruperto Sánchez, de la plataforma salmantina 'Cuidamos Villamayor'.

"Cuando hemos pedido transparencia, nos han dicho que todo está en la web de la Junta, pero nosotros pensamos que eso no es suficiente. Y demandamos mayor control, porque lo que pasa es que las ponen y luego nos hacen a los ciudadanos vigilantes de por vida", ha indicado Sánchez.

Por su parte, Aurora Vilariño, portavoz del colectivo vecinal de Milagros (Burgos), ha indicado a EFE que consideran imprescindible implementar una moratoria de seis años para que se lleven a cabo estudios sobre las consecuencias que los proyectos ganaderos y de gestión de residuos pudieran tener sobre la población de las zonas en las que se implanten y se adapte la ley a ellas.

La plataforma, que ha lamentado que la reunión se haya celebrado con el director general en lugar de con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, como habían solicitado, ha transmitido la oposición total a la implantación de este tipo de proyectos ya que, ante las dimensiones que se barajan, entiende que serán contaminantes.

Se han referido a la preocupación que les genera conocer que en este momento se estén tramitando alrededor de 25 plantas de biogás en Castilla y León y que se contabilicen hasta 40 macrogranjas pese a la dificultad que conlleva conocer cuántos proyectos existen, ya que no tienen que pasar trámites que facilitaría su conteo, como su exposición pública, y tienen que depender de lo que les dicen las autoridades hidrológicas.

También han dejado constancia de su intranquilidad ante las dimensiones que se barajan para estas instalaciones, y que según los datos facilitados irían de 120.000 toneladas de purines gestionadas anualmente hacia arriba.

"No tiene sentido que digan que no tienen nada que ver las plantas de biogás con las macrogranjas porque tienen mucho que ver. Nos lo venden además como una economía circular que no es tal, porque la generación de puestos de trabajo es mínima ya que todo el proceso está muy automatizado", ha señalado Vilariño a EFE.

Además, la portavoz de la plataforma ha subrayado que se están detectando "importantes problemas medioambientales relacionados con las macrogranjas, como las filtraciones a los acuíferos, donde ya se han registrado presencias de nitritos".

Otro punto que se ha abordado en la reunión es la cercanía de estas macroinstalaciones a la población, que la plataforma considera que no debe ser inferior a los 2 kilómetros, pero denuncia que hay ya macroplantas y macrogranjas incluso a 100 o 300 metros de los residentes.

MOVILIZACIONES

La reunión ha estado precedida por una concentración a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en la que han participado alrededor de un centenar de miembros de la plataforma, procedentes de diferentes provincias de la Comunidad.

La Plataforma ya ha anunciado que seguirán movilizándose, exigiendo reunirse con Fernández Mañueco y Suárez Quiñones e intentarán llevar sus demandas hasta Bruselas, para lo que cuentan ya con el respaldo de Izquierda Unida.