Begoña Gómez responde solo a su abogado para negar los cuatro delitos que se le imputan

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha negado ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública.

Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla y, por primera vez, ha decidido declarar ante el juez a preguntas de su abogado, Antonio Camacho, que ha indicado a los medios que ese siempre ha sido su interés pero que antes no había podido por la "indefinición" de la causa.

Su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, de unos 35 minutos, ha consistido en desmarcarse de todas las irregularidades que le atribuyen las acusaciones y explicar su relación profesional con la Universidad Complutense de Madrid, con la que "nunca se lucró" ni pretendió lucrarse, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Ha sido la tercera vez en lo que va de año que comparecía ante el juez, que amplió su imputación a los delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación con la contratación de un software para la cátedra que codirigió, que se unen a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias por los que ya la investigaba.

La cátedra no tiene retribución

Begoña Gómez ha explicado su relación profesional con la Universidad, donde codirigió una cátedra extraordinaria que -ha dicho- no tenía retribución y dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. "Creo que la cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo", ha señalado Camacho.

La mujer del presidente del Gobierno ha explicado que colaboraba con la Complutense desde 2012 por su experiencia, aunque no es catedrática ni contratada por la universidad, según las fuentes.

El máster de Transformación Social Competitiva se aprobó en marzo de 2020, pero ella trabajaba en la idea desde 2019, y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache -también investigado-, fue quien le propuso luego unirlo a una nueva cátedra que ella acabó codirigiendo.

Esa marca Transformación Social Competitiva la inscribió en el Registro correspondiente, y lo hizo antes de que se confirmara el máster y como una marca "figurativa", que es algo habitual en los títulos propios para dar imagen a la formaciones, ha relatado.

Gómez ha puesto de relieve que esa marca se inscribió con el objetivo de que no se usase fuera de la Universidad y era algo que la Complutense conocía y se reflejaba en los documentos.

Pero "jamás", ha dejado claro, quiso apropiarse de ninguna marca, sino que solo se inscribieron como "protección" de un nombre.

Para la cátedra se articuló una plataforma de medición de impacto para las empresas, de la que Begoña Gómez ha negado que quisiese cobrar porque desde el primer momento se definió que sería un proyecto sin ánimo de lucro y sin coste. "Una plataforma siempre a disposición de la Complutense, gratuita", añaden las fuentes.

La creación de esa plataforma o software se licitó por 60.000 euros, ha explicado Begoña Gómez, que ha precisado que no tiene conocimientos jurídicos y que desde la Complutense se le indicó que tenía que firmar un pliego sobre la contratación porque era práctica habitual de la Universidad.

Al término de su declaración, su abogado, ha afirmado que Gómez "se ha comportado siempre de una manera correcta, en coordinación con la Universidad Complutense", y que "si firmó un pliego prescripciones técnicas es porque la normas de la Complutense así lo exigen".

No intervino en adjudicaciones públicas

Aunque el juez la citó por el software, Begoña Gómez ha declarado sobre todos los aspectos que se le imputan, como un supuesto favorecimiento al empresario Juan Carlos Barrabés.

Gómez ha negado que intermediara a su favor en ninguna licitación pública; le conocía -ha dicho- pero "jamás" supo de los proyectos que se le adjudicaron, ni hizo "ninguna gestión", asegurando que nadie le habló de ellos y solo tuvo conocimiento de los mismos cuando se abrió la causa en la que ella y el empresario son investigados.

En cuanto a las cartas de recomendación que firmó a favor de sus proyectos, ha explicado que eran "cartas tipo" o "modelo" que firmaban muchas empresas para apoyar un proyecto pero nunca una empresa, y que ella no llegó a saber el desenlace de la adjudicación.

Y si alguna vez Barrabés fue a la Moncloa es porque era la residencia de Begoña Gómez por razones de seguridad y porque era la época de la pandemia, ha precisado su abogado ante los medios.

La contratación en el África Center

Sobre su contratación como directora del África Center, tanto ella como Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa -del que depende este organismo-, han coincido en que su fichaje no se debió a su relación con el presidente del Gobierno.

Güemes, que ha declarado tras Begoña Gómez, ha explicado que el Instituto de Empresa contactó con ella a finales de 2017 y en agosto de 2018, con Pedro Sánchez en la Moncloa, se concretó su contrato laboral, que tenía una cláusula que regulaba el conflicto de intereses, informan las fuentes.