Muñoz e hijos se enfrentan a 3 años y medio por descapitalizarse para no indemnizar a Raquel Díaz

"Pedro Muñoz sabía lo que había causado y cómo estaba su mujer, por lo que la despatrimonialización que llevó a cabo unos días después de intentar matar a Raquel Díaz en una agresión salvaje fue intencional y organizada". Así de contundente se mostró este lunes la acusación particular de la abogada leonesa Díaz, ejercida por el letrado gallego Felipe Patiño, para quien el delito de alzamiento de bienes por el que se juzgaba en Ponferrada al expolítico berciano y a los dos hijos de su primer matrimonio (Ruth y Pedro Muñoz Botas) "estaba consumado desde el momento del otorgamiento con al menos dos de los cuatro bienes que intentó donarles". 

Según defendió el abogado, "la premura de los hechos es más que suficiente para condenar a los tres investigados", para los que Patiño solicita una condena de prisión de 3 años y 6 meses, además de una multa de 24 meses con una cuota diaria de 25 euros.

Tres años y seis meses es el tope de condena al que podría llegar el juez del caso, Óscar Hernáiz, decano de los jueces bercianos, si decide condenar por alzamiento de bienes a los tres investigados, puesto que el Ministerio Fiscal, ejercido por la fiscal Sandra García, pide una condena de 2 años y 5 meses para los investigados.

"Afortunadamente, la registradora vio algo extraño, dijo que esa inscripción no era posible y se les cayó el castillo, pero el delito ya estaba consumado", defendió Patiño en su informe final para argumentar por qué considera que el castigo no debe ser por una tentativa de alzamiento de bienes, ya que sólo la acción de la registradora, R.L., que declaró en la vista oral como testigo, evitó que Muñoz padre se descapitalizara para eludir la asunción de una posible responsabilidad civil si resultaba condenado, como finalmente ocurrió en la Audiencia Provincial de León el 10 de enero de 2024. La sentencia aún no es firme, fue recurrida por todas las partes (el TSJCyL falla los recursos el próximo 18 de junio), pero en primera instancia al exedil de Ponferrada se le condena a 16 años y 11 meses de prisión por la brutal paliza que propinó a su entonces mujer el 27 de mayo de 2020, fecha en que la dejó parapléjica y con graves daños neurológicos.

Padre e hijos asistieron este lunes a la vista oral con diferentes letrados: uno para el padre, Pedro Quintana, el que ha asistido a Pedro Muñoz en el procedimiento principal; y otro para Pedro y Ruth Muñoz Botas, los hijos, que perdieron la confianza en Quintana y optaron por contratar a un letrado de Madrid, Arturo González Pascual.

De hecho, los dos Muñoz Botas llegaron a insinuar en su interrogatorio que ellos "desconocen la legislación" y que se limitaron a hacer lo que les recomendó "el abogado de mi padre y el notario", José Pedro Rodríguez, fallecido hace unos meses. "Nos explicaron que la donación era una operación sin riesgo", aseguraron los dos hermanos.

"En su momento no reparé en esas cosas técnicas, confié en el señor notario y no investigué a fondo ni reparé en detalles", manifestó Ruth Muñoz Botas.

Las defensas de los tres acusados pidieron para ellos la absolución y, como petición alternativa, propusieron que se aplique una atenuante "por dilaciones indebidas" (pidió Quintana) o por "error de prohibición", porque ellos creían que su actuación era conforme a derecho, según solicitó González Pascual para sus defendidos.

Durante su interrogatorio, Pedro Muñoz volvió a insistir en su inocencia respecto a los hechos por los que lo condenó la Audiencia. "Yo soy una persona que no ha cometido ningún delito, yo soy inocente", aunque en esta ocasión no hizo uso de su derecho a la última palabra, como sí hiciera en la vista oral por intentar matar a Raquel, celebrada en León en diciembre de 2023.

Este lunes, la excusa esgrimida por padre e hijos para justificar la operación de donación de todos los bienes de Muñoz (desde prisión, mientras Raquel se debatía entre la vida y la muerte) fue que "necesitaban liquidez" para afrontar los gastos en abogados y una posible fianza al patriarca. Ministerio Fiscal y acusación particular dejaron en evidencia este argumento, puesto que no consta pago alguno a los letrados de Muñoz, ni constan gestiones bancarias que cuestionaran el otorgamiento de una hipoteca a Muñoz padre.

Si Muñoz ingresó más de 72.000 euros en 2019, tenía varios vehículos a su nombre y cinco cuentas bancarias, "¿por qué le urgía conseguir liquidez?", se preguntaron la fiscal García y el abogado Patiño, que recordaron que Muñoz tiene una pensión de más de 2.300 euros brutos, y que la operación fraudulenta entre padre e hijos (notario mediante) se gestó apenas unos días después de la agresión a Raquel, "por lo que no había dado tiempo a que necesitara liquidez".   

"Mi padre se negó rotundamente a que pusiéramos nada de nuestro dinero, él es inocente, como ha dicho", insistió la hija. "El notario nos dijo que todo estaba bien hecho", defendió el hijo. 

Durante la declaración de la registradora, que relató que dio traslado de la extraña operación a la Fiscalía ("Todo el mundo en Ponferrada sabía lo de Raquel"), el abogado de Muñoz insinuó que "alguien" debía de haber informado de la operación a la acusación de Raquel Díaz, puesto que hasta ese momento la Fiscalía no había iniciado acción alguna. La registradora negó tajantemente ese extremo. 

El juicio, que arrancó con retraso pasadas las 9:19 de la mañana, se prolongó durante casi tres horas. Hernáiz permitió a los medios de comunicación que grabasen la sesión.