Dicen que la justicia lenta no es justicia. Muy justo no parece que la abogada leonesa Raquel Díaz vaya a tener que esperar 3 años, 5 meses y 12 días hasta que el próximo 11 de diciembre arranque en la Audiencia Provincial de León el juicio al hombre acusado de intentar asesinarla en Toreno en 2020, Pedro Muñoz.
Por de pronto, la justicia ya ha dictado una sentencia desquiciante que ha condenado a Raquel a desesperar durante 1.263 días, con todas sus noches. 1.263 días de calvario transcurridos desde aquella pesadilla inenarrable que recuerda más de lo que quisiera hasta que se celebre el juicio oral a su exmarido, un exconcejal del Ayuntamiento de Ponferrada -otra vez Ponferrada- que durante su carrera política pasó por seis formaciones distintas de todos los colores, lo que deja entrever la red de amiguetes que pudo ir tejiendo desde sus puestos de poder.
Tras un mes de agosto prácticamente inhábil, la Audiencia de León ha señalado para diciembre el juicio a Muñoz en un auto fechado el 1 de septiembre que ha sido notificado a las partes esta semana. Además, hay que destacar que la Sala Tercera ha admitido la totalidad de las pruebas propuestas, tanto por el Ministerio Fiscal, como por las dos acusaciones particulares (la de propia Raquel y la de su hija C.) o la defensa.
Se ha notificado de forma simultánea la diligencia de ordenación de la letrado de la administración de justicia las seis sesiones del juicio oral para los días 11, 12, 13, 14, 15 y 21 de diciembre de este año, siempre a partir de las 9.15 de la mañana. Hasta la fecha, aún no se ha dado traslado a las partes de la organización y distribución de las sesiones para las declaraciones de los testigos y los peritos llamados a declarar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juicio oral comenzará -el lunes 11 de diciembre- con la declaración del acusado, Pedro Muñoz, que tiene derecho a no declarar.
Vistos los dos delirantes interrogatorios de la instrucción, donde el exalcalde de Toreno daba lecciones de casi todo incluso a la jueza y a la fiscal (que se lo consintieron), cuesta muchísimo creer que el acusado de intentar asesinar a su segunda mujer vaya a ser capaz de mantener la boca cerrada. Lo advirtió él mismo en su segunda declaración en sede judicial, en octubre de 2022: "Soy una persona muy social, hablo muchísimo".
A partir de ese monólogo de 1 hora y 42 minutos de soberbia y esparabanes echando balones hacia el tejado de Raquel (que si es una histérica, que si había que sujetarla para calmarla, que si era una delegación andante de una marca de cerveza gallega, que si aquella noche pudo subirse al tejado a por el gato, que si sólo le tenía a él en esta vida) cabría atreverse a pronosticar que el cacique berciano de amigos bastante poderosos intentará ofrecer a la Sala una clase magistral del Derecho que estudia en la Uned, para deleite o estupefacción del público que asista a las vistas, que será abundante y previsiblemente tendrá el espectáculo asegurado.
Sabedor de la expectación que -ahora sí- genera esta historia de terror y silencios en los medios de comunicación por la brutalidad de los padecimientos de la víctima y el milagro de su supervivencia, malo será que el acusado no busque lucir -hasta todo lo que dé de sí- lo mucho que se gusta. Pero no hay impunidad que cien años dure. Puede que Muñoz pase este 5 de septiembre el cumpleaños más amargo de su vida al constatar que todo llega, que tras una larga temporada campando a sus anchas por el Bierzo nadie podrá librarle de ser juzgado por los despiadados hechos que se le imputan contra su exmujer y excompañera en Coalición por el Bierzo hasta el 27 de mayo de 2020, fecha desde la que ella, Raquel Díaz, está parapléjica y recuperándose de graves daños neurológicos causados, según ella misma contó al juez, por ser presunta y salvajemente apaleada por Muñoz tras presuntamente tirarla por la terraza de la vivienda de Toreno donde acababan de pasar el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
Llama la atención la celeridad de todas y cada una de las actuaciones de la Audiencia Provincial de León desde que el procedimiento llegó a este cauce. Llama mucho la atención la ágil actuación de este órgano judicial, sobre todo en contraste sangrante con las demoras injustificables e incomprensibles de la instrucción del caso (3 jueces, 36 meses). Tristemente, los ciudadanos nos hemos resignado a la pasmosa lentitud de la justicia española, y hasta los profesionales del sector padecen el hastío de esas montañas inabarcables de expedientes, por no hablar de la desconfianza e indefensión que generan los picapleitos entre quienes hemos tenido que lidiar -Raquel incluida, por acción y por omisión- con estrategias y conchabeos de quienes juegan sucio.
Chirría aún más este caso de dilaciones y mutismos insoportables (ni una palabra sobre ella, a quien debieron de dar por muerta políticos, amigos y colegas de profesión) si tenemos en cuenta que la víctima, Raquel Díaz, es/era abogada y formaba parte del turno de oficio de violencia de género de los juzgados de Ponferrada. Muchas personas quizá habrían asistido compungidas a un minuto de silencio en su memoria o echado una lagrimina si la pérdida hubiera sido definitiva y Raquel hubiera sido, por ejemplo, una de las 41 mujeres asesinadas en este país en lo que va de año. Dado que "sólo" forma parte de la lista de supervivientes a un macabro episodio de presunta violencia, puede que corra la misma suerte que su paisana Nevenka Fernández y que dentro de dos décadas los espabilados de turno se den codazos para posar junto a ella en una rotonda muy florida que lleve su nombre.
Esta semana, al conocer que por fin la justicia se pronunciará sobre su caso, Raquel se ha echado a llorar desconsoladamente. Recibió la noticia en el lugar donde está condenada a un encierro preventivo (sigue en silla de ruedas, sigue aterrada), rodeada de ancianos y enfermos psiquiátricos, en una eterna cuenta atrás para obtener una plaza -que no termina de llegar- en un centro adecuado a su edad y situación vital. Por primera vez en casi tres años y medio de infierno y esperas, lloró de alegría. Será ella, que ha decidido asistir al juicio presencialmente, quien declare ante el tribunal justo después de que lo haga su verdugo. Ella sí tendrá que responder a las preguntas de todas las partes. Primero Muñoz, después Raquel. Luego los 29 testigos que propuso la fiscal y 19 peritos.
Siguiendo el orden, después van otros 12 testigos propuestos por la acusación particular de Raquel, más otros dos que suma la defensa de Muñoz. Para satisfacción de Raquel, y aunque el Ministerio Fiscal por alguna razón no solicitó su testimonio, esta vez sí tendrán que dar explicaciones en el juicio oral el máximo responsable de la Policía Local del Ayuntamiento de Ponferrada y los agentes que por alguna razón jamás acudieron a su llamada de auxilio al 112 el 13 de marzo de 2018, durante otro episodio de violencia que quedó recogido en la centralita del teléfono de Emergencias de Castilla y León y pone los pelos de punta. Tampoco había querido la Fiscalía recabar el testimonio del notario de Ponferrada que el 22 de agosto de 2019 otorgó un extraño acta de manifestación en que Raquel Díaz afirmaba -de manera voluntaria o no- que jamás había sufrido malos tratos físicos ni psicológicos por parte de su entonces marido, Pedro Muñoz. Pero la defensa de Raquel, ejercida desde abril de este año por el abogado gallego Felipe Patiño, acudió al rescate del querer saber y sí solicitó su declaración, prueba que ha sido admitida por la Audiencia de León.
Se trata del mismo notario de Ponferrada -siempre Ponferrada- al que acudió Muñoz en 2020 desde prisión para intentar deshacerse de todos sus bienes en favor de los dos hijos que tenía de un matrimonio anterior. La operación fue abortada antes de materializarse y forma parte de otra causa judicial paralela, aún pendiente de resolverse en un juzgado de Ponferrada, como también está pendiente de juicio la imputación a varios agentes de la Policía Local de Ponferrada por falso testimonio, a raíz de la petición de auxilio de Raquel Díaz en 2018. Patiño interrogará además a la primera mujer de Muñoz, y ha solicitado al servicio de Emergencias de Castilla y León que notifique a la Sala si también ella realizó alguna llamada de auxilio al 112 durante sus 40 años de matrimonio con el acusado.
La acusación particular de Raquel pide para su presunto agresor 23 años de cárcel menos un día por la comisión de ocho delitos contra su persona. El principal, asesinato en grado de tentativa. En el pasado mes de junio, causó controversia en el ámbito judicial y periodístico la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución de Muñoz del delito de homicidio en grado de tentativa y optar por acusarlo de lesiones agravadas. En total, lo acusa de siete delitos y pide que cumpla un máximo de 18 años y 9 meses de prisión.
A la espera de ver cómo se desarrollan las vistas del juicio oral, fuentes jurídicas solventes aclaran que el Ministerio Fiscal aún está a tiempo de cambiar su calificación en el escrito de acusación definitivo y desterrar la tesis que otorgaría beneficios penitenciarios a Muñoz, que no reconoce los hechos, "porque se arrepintió". El deseo de Raquel es poder soplar las velas de su próximo cumpleaños "en un entorno amable" y sin pánico al pitido constante del dispositivo de Viogén que la aterroriza cada vez que su presunto agresor pierde la cobertura o se acerca al lugar donde vive escondida "por si vuelve a por mí".
La opinión, como cada viernes, de Diego Jalón en TRIBUNA
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