Este mismo jueves ha comenzado el funcionamiento de las oficinas antiocupación en las nueve provincias de Castilla y León. La directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, visitó la ubicada en León, con sede en la Cámara de la Propiedad Urbana de esta ciudad.

La finalidad de estas oficinas, nacidas del convenio de colaboración firmado el pasado 19 de mayo entre la Junta y las Cámaras de la Propiedad Urbana, es prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, en las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

Dicha información se facilitará tanto en las oficinas como en el Portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde se derivan ya las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.

De esta manera, se pretende cumplir con el deber que corresponde a los poderes públicos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y de protegerlo frente a un fenómeno como es el de la ocupación. Según explicó Pardo, la ocupación supone un ataque frontal a su contenido esencial. 

Además, con este nuevo servicio, la Administración autonómica trata velar por otros derechos civiles, como son las buenas relaciones de vecindad, y por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas.

NOTIFICACIÓN A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Está prevista la posibilidad de que el personal que presta el asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte.

En su visita, Pardo también manifestó que "se trata de ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler" porque "el problema del acceso a la vivienda por quienes tienen dificultades económicas y son vulnerables debe ser abordado a través del incremento del parque público o del otorgamiento de ayudas a los más necesitados".