El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió hoy en la XXVI Conferencia de Presidentes de La Palma aplicar un tipo "superreducido" en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la energía. También reclamó que se habilite un fondo extraordinario que financie los gastos que soportarán las comunidades por la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados de Ucrania.

Fernández Mañueco se suma así a otros presidentes autonómicos, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, que también han demandado una reducción de los impuestos que graban las energías para reducir su coste, según explicó a Ical el portavoz en funciones de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. De esta forma Castilla y León defenderá que se rebaje el IVA para la electricidad, el gas y el petróleo.

En ese sentido, el presidente de la Junta planteó ante el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y sus ministros, el impacto económico que está teniendo la inflación, el coste energía y la falta de suministros en esta etapa de recuperación, tras la pandemia del COVID-19, a la que ahora se ha unido la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero.

Como respuesta, Fernández Mañueco pidió una rebaja de impuestos, fundamentalmente el IVA, con el fin de reducir el "impacto" que esta situación está tenido sobre las personas, las familias, las pymes, los autónomos y las empresas. El presidente insistió en la importancia de reducir los costes energéticos, la inflación y algunos problemas económicos, que ya se atravesaban.

 CRISIS HUMANITARIA

 Por otra parte, el presidente de la Junta aprovechó la cumbre autonómica para reclamar al Gobierno de España que habilite este año, con carácter inmediato, un fondo específico que financie los gastos en los que incurrirán las comunidades autónomas en su respuesta humanitaria al conflicto de Ucrania, así como en la acogida de refugiados, que recibirán servicios públicos en cada uno de los territorios.

Alfonso Fernández Mañueco, que durante la pandemia fue uno de los primeros presidentes en exigir un fondo COVID extraordinario, explicó que son las comunidades, como las gestoras de los grandes servicios públicos, las que tendrán que asumir un incremento del gasto debido a la llegada de ucranianos a suelo español.

De hecho, la Junta modificó este jueves el decreto de la prórroga presupuestaria de 2022 para contar con la financiación adecuada que le permita afrontar los gastos y costes por la ayuda humanitaria, la acogida de personas y el impacto económico y social que pudieran tener el conflicto en distintos sectores productivos, e incluso familias, de la Comunidad.

Finalmente, el presidente de Castilla y León, según Fernández Carriedo, destacó que la Comunidad es una "tierra de acogida" por lo que está a la espera de conocer cuántas personas desplazas son las que recibirá España, y cuántas y con qué criterio se distribuyen entre las diferentes autonomías.