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La Junta de Castilla y León estima en 25 millones de euros anuales el coste de asumir por parte de la Comunidad las paradas que plantea suprimir el Gobierno con el nuevo Mapa de Transportes de las líneas de autobús estatales. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ofreció este miércoles esta cifra en Salamanca añadiendo que contrasta con los 25 millones de financiación que ofrece el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para toda España y durante dos ejercicios, publica Ical.
En su visita a las obras de la Plataforma Logística-Intermodal Zaldesa de Salamanca, Sanz Merino acusó al Ejecutivo central de "imponer" el nuevo mapa de transportes y de "eludir un problema político de primer orden". Tras expresar un "grado de preocupación importante", explicó que el Ministerio pretende que "las paradas que no quieren atender, deben hacerlo las autonomías". Sin embargo, las cifras no cuadran, aseguró. "En Castilla y León hemos calculado un coste de 25 millones anuales y el Gobierno ofrece 25 para toda España", lamentó.
Según la evaluación inicial de once comunidades autónomas, esta cifra debería ascender a 123 millones de euros anuales para atender las paradas que, en palabras de Sanz Merino, "quiere abandonar el Ministerio". "Buscamos una manera de gestionar las cosas a un nivel de solución política y con la derivación de recursos. Y estamos muy alejados de ese punto de vista", añadió el consejero en declaraciones recogidas por Ical.
Por otro lado, se refirió a las implicaciones de carácter social, más allá de las cuestiones económicas. "La Junta de Castilla y León tiene un compromiso muy claro con que todos los ciudadanos que no tienen la oportunidad de moverse por otros medios, en vehículos particulares, en trenes, etcétera, tengan la oportunidad de poder estar conectados a los servicios públicos o a otro tipo de actividades que les permitan, en definitiva, disfrutar plenamente de la vida. Y la movilidad es uno de los aspectos más importantes", resumió.
Por ello, según el consejero, la Administración ya asume el coste que supone mantener todos los servicios de autobús de titularidad de la Junta de Castilla y León, "a costa, lógicamente, de indemnizar o compensar a las empresas que prestan este tipo de servicios, sobre todo en aquellos trayectos que no son rentables". Y en este punto, certificó que la mayoría de los trayectos en Castilla y León son deficitarios, de hecho, un 63 por ciento tienen menos de 5.000 usuarios al año y, según matizó, "eso no ha sido un problema para que la Junta de Castilla y León siga adelante".
Sin embargo, el planteamiento del Gobierno es "diametralmente opuesto", ya que, desde el punto de vista del consejero, "pretende establecer un nuevo mapa de transportes que una las grandes ciudades, con el fin de ganar tiempo y, por lo tanto, dejar abandonadas las paradas intermedias, impidiendo que la conexión que tienen en la actualidad estos núcleos, la mayoría del medio rural, puedan estar anudados a un corredor al que ya están acostumbrados".
El Gobierno argumenta, según Sanz Merino, que no tienen usuarios suficientes. "Yo creo que lo que tiene que hacer es utilizar los autobuses directos y los autobuses de ruta. Los directos, efectivamente conectan grandes núcleos de población, lo hacen con mayor rapidez al tener menos paradas y eso está perfecto, nosotros no tenemos nada que decir al respecto. El problema es que se reserva esos trayectos que son los verdaderamente rentables. Y dice que las comunidades autónomas, que tenemos menos recursos, tendríamos que derivar dinero de lo que es los ya exiguos presupuestos, a montar nuevas líneas de transporte, cuestión que no se hace de la noche a la mañana", reflexionó.
En definitiva, aseguró que se trata de un asunto que debe de tratarse en la conferencia sectorial. "Por tres veces hemos solicitado la reunión de la conferencia sectorial. Ayer mismo los directores generales de un número importante de comunidades autónomas volvieron a solicitar la reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes para poder tratar todos estos ámbitos. Incluso en el mapa de transportes hay problemas de carácter técnico que generan discusiones importantes", apuntó.
Además, criticó con vehemencia la actitud del Gobierno a este respecto. "Ahí os quedáis con vuestras paradas y si queréis darle servicio le dais y si no le queréis dar servicio no le dais. No tiene el menor sentido. Nosotros creemos que hay que dar servicio a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y en esta comunidad, que tiene muchos trayectos de este tipo, hasta 23 líneas o trayectos principales nos afectan, lógicamente nos genera un problema de primer orden y sobre todo en el ámbito rural, que es precisamente la preocupación que nosotros tenemos".
Por esta razón, insistió en la necesidad de "repensar" el mapa de transportes y "de hablar las cosas". "En la comunidad de Castilla y León hemos evaluado el coste de asumir esas paradas en torno a los 25 millones de euros cada año. Y el Ministerio, como digo, ofrece 25 para toda España y solamente durante dos años. Nos encontramos con un problema de financiación de primer orden, pero es que además no se puede hacer a nuestra manera, tenemos que, lógicamente, contar con el Ministerio en estas cuestiones", concluyó.
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