Sacyl acogería a 76.682 mutualistas de Muface: el mayor impacto de todas las Comunidades Autónomas

El sistema público de salud de Castilla y León debería acoger a 76.682 mutualistas de Muface, el 3,12 por ciento de su población total atendida, es decir el mayor impacto de todas las comunidades autónomas por delante de Extremadura (3,02) y de Andalucía (2,94).

Andalucía y Madrid acogerían en sus sistemas a un mayor número de mutualistas de Muface, unos 260.000 y 170.000 respectivamente, si este modelo no se mantuviera, a la espera de lo que ocurra con la nueva licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios entre 2025 y 2027.

Según los datos publicados por la propia Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en diciembre de 2023 daba cobertura sanitaria a 1.537.701 personas, de las que 1.080.360, siete de cada 10, eran atendidas por aseguradoras privadas (Adeslas, Asisa y DKV) y 457.307 por la sanidad pública.

Ninguna de las tres aseguradoras se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el pasado 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar las tres insuficiente la subida de las primas del 17% propuesta por el Gobierno.

A la espera de ver lo que ocurre con la segunda convocatoria, para la que el Gobierno ha elevado la prima un 33,5%, un escenario sin Muface obligaría a que ese millón largo de personas fuera atendido por las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad pública.

Mayor impacto en Castilla y León, Extremadura y Andalucía

El Ministerio de Sanidad calculó en un informe publicado el pasado mes de noviembre el impacto que tendría en cada servicio autonómico de salud la incorporación de la población mutualista de Muface que en la actualidad recibe asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas.

El porcentaje que la población mutualista de Muface que recibe asistencia por medio de una aseguradora privada representa sobre el total de la población atendida por la sanidad pública alcanza el 3,12% en Castilla y León, el 3,02% en Extremadura y el 2,94 % en Andalucía. En Castilla-La Mancha es el 2,42%, en Cantabria el 2,28%, en Galicia el 2,25%, en Aragón y Madrid el 2,24%, en la Comunidad Valenciana el 2,23% y en Murcia el 2,14%. Por debajo de la media (2,12 %) se sitúan Asturias y La Rioja, ambas con el 1,92%, Canarias con 1,90, Baleares y Cataluña con el 1,20% y, cerrando la lista, Navarra y País Vasco con el 1,00 y el 0,65%, respectivamente.

Preocupación en las comunidades, tranquilidad en Función Pública

Aunque Sanidad concluyó en su informe del pasado mes de noviembre que si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de los mutualistas de Muface que acuden a la privada se transfiriera a la pública esta "debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición", la preocupación ha cundido en las comunidades autónomas.

Recientemente, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, avisó de que si la sanidad autonómica tuviera que "absorber" a los funcionarios "se tensionaría" el sistema público de salud, que ya está "en una situación límite" tanto de recursos humanos como económica.

De todos modos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró a los funcionarios del Estado que viven en la región que "si finalmente son abandonados" por el Gobierno, el Ejecutivo autonómico "se hará cargo, dándoles la cobertura que merecen y que, hasta ahora, no han tenido o están perdiendo".

Desde Función Pública han venido reiterando un mensaje de "tranquilidad" a los mutualistas y han señalado que existen mecanismos en la ley de contratos públicos para extender el concierto vigente hasta que haya uno nuevo. Por el momento, se ha dictado una orden de continuidad para el actual hasta abril.