"Nuestro objetivo es hacer el campo más atractivo para las nuevas generaciones", explica la consejera de Agricultura, María González Corral
La Alianza UPA-Coag ha reclamado este lunes a la Junta de Castilla y León que niegue cualquier tipo de ayuda pública a las empresas fabricantes de piensos y de harina que no prioricen la compra de cereal producido en esta Comunidad con un precio "suficientemente remunerativo" y que cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria.
En un comunicado, esta organización agraria ha detallado la propuesta que planteó el pasado viernes, cuando junto a otras opas se reunió con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien alertaron de la situación de los cerealistas de la Comunidad y reclamaron también que pida al Gobierno central recuperar los aranceles al cereal procedente de Ucrania.
UPA-Coag ha denunciado la "insoportable deriva" del mercado cerealista, con "precios injustificables", por lo que han pedido a las cooperativas cerealistas de Castilla y León que tomen ejemplo de Acor con la colza y el girasol, ya que ese caso demuestra que "todas las partes pueden ganar".
La necesidad de producción de piensos, a los que se destina la mayor parte del cereal, en Castilla y León es de 5,7 millones de toneladas, cantidad por debajo de la producción media regional de cereales, ha recordado la organización agraria. La Alianza ha recordado que la importación de cereales procedentes del extranjero "no llegan porque sí", sino que se deben a las compras previamente realizadas por los fabricantes de piensos o harina.
En este sentido, UPA-Coag ha recordado que uno de los mayores importadores de trigo en España opera precisamente desde Castilla y León y sus compras condicional "totalmente" los precios de los productores de cereal. Critican del mismo modo que hay productos sellados con la marca Tierra de Sabor, pero que se elaboran con carne, harina, leche o huevos que tienen su origen en este tipo de piensos producidos en el extranjero, lo que creen que "no tiene sentido alguno", por lo que ha pedido "máxima responsabilidad y control a la Junta de Castilla y León".
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