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Luz verde a la reforma del subsidio de desempleo: eleva la cuantía y amplía beneficiarios
Una de las novedades de la reforma aprobada en el Consejo de Ministros es que se podrá compatibilizar el cobro de las prestaciones de desempleo con el trabajo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley que reforma el subsidio de desempleo, elevando la cuantía de esta prestación y ampliando colectivos beneficiarios, así como la norma que elimina el supuesto de despido automático en el caso de invalidez permanente.
Según ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las grandes novedades de la reforma es que se va a poder compatibilizar el cobro de todas las prestaciones de desempleo con el trabajo, recoge EFE.
"Los trabajadores vuelven a ganar derechos", ha incidido Díaz, que ha agradecido las aportaciones de los agentes sociales en esta reforma, que sólo se pactó con los sindicatos. La reforma eleva el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que se utiliza para calcular el subsidio, de forma que la cuantía subirá los primeros seis meses al 95 % del IPREM (unos 570 euros mensuales, 90 euros más).
Junto a esto se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados y se equipara las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres, entre otros cambios.
La reforma de la prestación asistencial de desempleo vuelve a aprobarse tras decaer el pasado mes de enero en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Podemos, siendo uno de los hitos pendientes de cara al nuevo desembolso de 10.000 millones de los fondos europeos.
El Gobierno también ha vuelto a incluir en la reforma del subsidio la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales, siempre que sus condiciones sean más favorables para los trabajadores, pactada con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez, publica EFE.
El decreto establece su entrada en vigor a partir de abril de 2026, aunque establece dos años para determinados criterios que deben cumplir los comedores escolares
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