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El notario de Ponferrada José Pedro Rodríguez falleció de una grave enfermedad este lunes a los 65 años. En el mes de mayo debía volver a comparecer como testigo en los juzgados bercianos, esta vez en la vista oral que juzgará al expolítico berciano Pedro Muñoz y sus dos hijos por alzamiento de bienes.
José Pedro Rodríguez también fue llamado a declarar como testigo en diciembre en la Audiencia Provincial de León, en el juicio contra Muñoz por intentar matar a su mujer, la abogada leonesa Raquel Díaz, en 2020.
Según relató la propia Raquel Díaz durante su declaración en el juicio a su exmarido, este profesional de la notaría era "amigo personal de Muñoz" y fue el notario al que ella fue "forzada y obligada a acudir el 22 de agosto de 2019 para otorgar un acta notarial de manifestación" en que la mujer -experta en temas de violencia de género- tuvo que firmar que "nunca había sido maltratada física ni psicológicamente" por Pedro Muñoz, "y todo ello para acallar los comentarios sobre maltrato que ya comenzaban a correr en el ámbito en que se desarrollaba la actividad profesional y política de la pareja y las relaciones vecinales", según recoge literalmente la sentencia condenatoria a Muñoz, del 10 de enero de este año, la misma sentencia que lo condenó a 16 años y 11 meses de prisión por lesiones agravadas y cuatro delitos de maltrato contra su exmujer.
En la declaración de José Pedro Rodríguez en la instrucción del caso, el notario reconoció que era la primera vez en su larga trayectoria profesional que veía un acta notarial como el que Raquel Díaz acudió a firmar a su despacho, pero Rodríguez insistió en que "se limitó a dar fe".
Raquel Díaz explicó al tribunal que ella era abogada y que sabía que esa declaración no tendría ninguna validez jurídica ("la firmé para no tener más problemas con mi marido"), pero lamentó que el notario en ningún momento le preguntara si acudía voluntariamente a firmar ese documento. "Como ella era abogada…", declaró Rodríguez, que reconoció no haberse asegurado de si acudía a la notaría voluntariamente ni haberle hecho ninguna pregunta. "Ella acudió sola, yo no vi a Muñoz por allí", declaró el notario en sede judicial.
En mayo, el juicio por alzamiento de bienes
Desde el 25 de febrero, Pedro Muñoz se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Villahierro por los delitos por los que le juzgó la Audiencia. Aunque la condena aún no es firme (todas las partes la han recurrido), el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó el pasado 19 de marzo la decisión de la Audiencia de León de decretar su ingreso en prisión "por la extrema gravedad de la pena" y por la especial vulnerabilidad de la víctima, a la que dejó parapléjica y con daños neurológicos irreversibles desde la brutal agresión de Toreno.
Justo el día en que se cumplirán cuatro años de aquella salvaje agresión, el 27 de mayo, Muñoz saldrá de prisión para volver a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en Ponferrada y acompañado de sus dos hijos, Ruth y Pedro Muñoz Botas.
A los tres se les imputa un delito de alzamiento de bienes, por haber intentado el patriarca (en junio de 2020, con Raquel al borde de la muerte en el Hospital) deshacerse de todos sus bienes para intentar no hacerse cargo del pago de la responsabilidad civil a Raquel Díaz si resultaba condenado, como así fue en enero de este año.
Si José Pedro Rodríguez tuvo alguna responsabilidad penal en el presunto delito de alzamiento de bienes cometido por Pedro Muñoz al intentar deshacerse de sus bienes para no pagar nada a Raquel Díaz, esas posibles responsabilidades penales se quedarán sin depurar por el fallecimiento del notario. Según un veterano notario consultado por Tribuna León, "para un notario, no hay delito, se limita a dar fe de lo que se le dice".
La clave para depurar las posibles responsabilidades del notario (penales o colegiales) estaría en determinar si él intervino o no en el diseño de la operación delictiva de Muñoz y en saber -y poder probar en el juicio- si su participación fue activa o no, algo "bastante complicado de demostrar", reconoce la fuente consultada.
Lo que ya es un hecho probado es que José Pedro Rodríguez llevó a cabo la escritura de la donación de los bienes de Muñoz en base a un poder que Muñoz realizó desde prisión, con otro notario de Mansilla de las Mulas. ¿Sabe un notario que esa operación no es legal? Debería. ¿Puede probarse que el notario de Ponferrada conocía exactamente las circunstancias de Muñoz, las de su mujer, las de todos los bienes que atesoraba el expolítico, las intenciones de esa donación? "La respuesta es no", explica otro profesional de la notaría.
Objetivamente, José Pedro Rodríguez participó en el hecho delictivo, fue él quien preparó la escritura, que nunca pudo registrarse. A la vista de su declaración en instrucción, podrían haberse determinado nuevas imputaciones por colaboraciones necesarias en el delito cometido por Muñoz y sus dos hijos. Uno de los hermanos Muñoz Botas, el hijo, declaró en el juicio a su padre en la Audiencia que ellos hicieron "lo que el abogado les indicó", en referencia a uno de los dos letrados que se hacen cargo de la defensa de Pedro Muñoz, Pedro Quintana.
Curiosamente, esta misma semana, Ruth y Pedro Muñoz Botas han notificado que será otro abogado madrileño, y no Quintana, quien se hará cargo de su defensa en el juicio por alzamiento de bienes en el que están imputados ellos y su padre.
La vista oral se celebrará en Ponferrada el 27 de mayo a las 9 de la mañana. Será entonces cuando el tribunal dilucidará si Muñoz y sus hijos tuvieron algún cooperador necesario cuando intentaron cometer el alzamiento de los bienes de Muñoz, un delito que está castigado en el Código Penal con entre uno y cuatro años de prisión.
La grabación de la declaración del notario durante la instrucción del caso se reproducirá en el juicio de mayo por alzamiento de bienes.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita para cada uno de los tres investigados (Muñoz y sus dos hijos) 2 años y 5 meses de cárcel. La acusación particular de Raquel Díaz, ejercida por el letrado ponferradino Pablo Bello, inexplicablemente no se personó en la causa, uno de los motivos por los que Raquel Díaz decidió cambiar de abogado. Su nuevo letrado, el ferrolano Felipe Patiño, ha retomado el caso a pesar de no haber podido solicitar prueba ni presentar un escrito de acusación propio.
Patiño y Raquel Díaz también anunciaron durante el juicio a Muñoz que pedirán ampliar al Ayuntamiento y al intendente Arturo Pereira el procedimiento judicial contra la Policía Local iniciado por el Ministerio Fiscal por la petición de socorro de Raquel al 112 el 13 de marzo de 2018 (fecha en que Muñoz era concejal de Bienestar social en el Consistorio de Ponferrada), una llamada desesperada que por alguna extraña razón nunca fue atendida por los agentes municipales de Ponferrada.
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