Los Preupuestos Generales del Estado son las cuentas en las que se prevén los ingresos y los gastos que tendrá el sector público estatal. Es algo similar a un presupuesto familiar, pero de dimensiones gigantescas: los presupuestos generales del Estado abarcan todos los gastos e ingresos de las entidades que integran el sector público estatal.

Este documento es uno de los instrumentos más importantes para la política económica del Gobierno, ya que establece los objetivos estratégicos de las diferentes políticas públicas que se quieren llevar a cabo y también los recursos que se asignan para cumplirlas.

Entre otras cuestiones, los PGE indican cuánto se va a gastar en cuestiones como las pensiones, la educación, la sanidad o las infraestructuras. También, de dónde va a salir el dinero necesario para ello.

Por cierto, los PGE no son los únicos presupuestos públicos que afectan a los ciudadanos: también elaboran los suyos la Unión Europea, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Desde la instauración de la democracia se ha procedido en ocho ocasiones a una prorroga de las cuentas públicas -la actual sería la novena-, si bien los últimos presupuestos del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro de 2018, pasarán a la historia como los más longevos tras haber estado en vigor durante tres ejercicios consecutivos, hasta que fueron sustituidos en 2021 por los primeros de la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero. Las anteriores ocasiones fueron en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y las dos citadas ocasiones de 2018. 

Ahora Pedro Sánchez ha anunciado que renuncia a la realización de presupuestos para 2024, confirmando la prórroga de 2023 que entró en vigor el 1 de enero, y se centrará en negociar los de 2025, lo que supone que en el año en curso se prorrogan los del anterior. 

LA ELABORACIÓN

La lógica indica que las cuentas públicas para el año posterior se deben de comenzar a elaborar antes de verano, llevando consigo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como a la Comisión Nacional de Administraciones Locales, que son los dos órganos donde tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos son informados de sus objetivos de déficit, para que ya inicien sus presupuestos y se ciñan a esas cifras.

De esta manera el anteproyecto suele estar listo a finales de septiembre para su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre, previa tramitación parlamentaria que suele durar cerca de tres meses. Esto fue imposible por las elecciones adelantadas convocadas por Pedro Sánchez y el posterior retraso en la formación de Gobierno.

De este manera los presupuestos de 2023 se prorrogaban desde el 1 de enero tras un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de las cuentas, que ascienden a 380.822 millones de euros.

Se cumplía así con lo recogido en el artículo 134 de la Constitución Española, donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior hasta la aprobación de otras cuentas públicas.

Según los expertos, la prórroga no supone en si mismo un problema profundo para la economía, ya que siempre lleva consigo un conjunto de decretos en los que se desarrollan los ajustes de las cuentas que fueron aprobadas un año antes y que por lo tanto deberían tener encaje en el ejercicio posterior. Por lo tanto, la repetición de las cuentas de 2023 en 2024 no debe suponer problema alguno para cumplir con los compromisos de gasto adquiridos por el Gobierno.