"Estamos padeciendo las consecuencias de una paralización por un problema total y absolutamente ajeno a nosotros", así explicó Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Colegio de la Abogacía de León, el motivo por el que se ha convocado la concentración del Colegio de Abogacía y de Procuradores frente a los juzgados de León y Ponferrada. 

Según ha comentado Rodríguez, el objetivo es "visibilizar un problema muy importante que sufre la administración de justicia". Dicho problema es la paralización "prácticamente total" que sufren los servicios desde el mes de enero y la repercusión que esto ha generado a "los despachos profesionales, tanto de la procura como de la abogacía".

"Reiteramos y siempre reiteraremos el derecho a huelga de los funcionarios y de cualquier trabajador de nuestro país", comentó el decano, que quiso poner el énfasis en que "ojala la abogacía o la procura tuviesemos la solución para este conflicto, pero no la tenemos". 

Por ello Fernando Rodríguez ha pedido "a quien le corresponda" que de una solución "definitiva" al problema y así se pueda "recuperar la normalidad en el servicio público de justicia" con el objetivo de que "los ciudadanos, que son los principales destinatarios del serivicio, vean como las pretensiones que traen a los juzgados se resuelven de manera ágil y no aplazandose meses y meses". 

En León ya se han pospuesto juicios hasta 2025 y para los colegios esto es "gravísimo" y aunque reiteran el respeto al derecho a huelga, instan a que "se minimicen los daños provocados a los profesionales y a la ciudadanía", pues como ha comentado cuando hay una huelga, "se conoce 24 horas antes" y "no pueden hacer desplazarse a ciudadanos y profesionales"

Como ha subrayado el decano, "cuando los despachos no celebran juicios, acuden a las sedes judiciales o cuando no tienen resoluciones judiciales, no facturan". Esto genera muchos gastos a los despachos, pues estos tienen que seguir pagando salarios, impuestos... Y según comentaba Rodríguez en León ya hay muchos "que estan en una situación francamente crítica". 

Dichos problemas se personifican en unos 1.000 abogados ejercientes en toda la provincia de León y en un total de 130 procuradores. Estos últimos también han estado representados por su decana, Encina Martínez, quien ha hecho hincapié en que ellos son los que están sufriendo "las consecuencias directas" de un conflicto del que no forman parte. 

Además, ha recordado que para los procuradores la paralización de la actividad judicial supone una "paralización económica". Esta situación que ya se ha extendido durante seis meses, e incluso más atrás, en épocas de la pandemia cuando también se paralizó. "Queremos visibilizar un problema que aquellos ciudadanos que no tienen asuntos judiciales desconocen", concluyó Encina Martínez.