Este viernes el Procurador del Común ha considerado que la Diputación de León debería ofrecer a los municipios con menos de 20.000 habitantes la prestación de un servicio de control y protección de las colonias felinas. La institución provincial debería ofrecer este servicio a través del órgano competente, que tembién ofrece en similares condiciones a recogida de perros abandonados.

Según informa Agencia Ical, la resolución emitida por la institución dirigida por Tomás Quintana recuerda que alguna otra diputación de Castilla y León ya cuenta con ese servicio y sugiere su conveniencia. Esta resolución llega a partir de la denuncia por insalubridad presentada desde un municipio de la provincia sobre la presencia de gatos sin dueño.

El Consistorio valoró poner en marcha un acuerdo con una asociación protectora de animales para implementar el procedimiento CES (Captura, Esterilización, Suelta) pero no llegó a llevarlo a cabo.

En el texto también se expone que en el artículo 18 de la Ley autonómica de Protección de Animales de Compañía se fijan unas obligaciones, sin que se haga distinción en ella en el régimen de protección de perros y gatos, que deberán ser cumplidas. El artículo establece que será "competencia de los ayuntamientos o en su caso de las diputaciones" ejercer esa protección. 

El Procurador señala que la puesta en marcha de ese servicio contribuiría a evitar que se pueda atribuir algún tipo de responsabilidad patrimonial a los pequeños municipios de la provincia por accidentes que pudiera causar la presencia de gatos abandonados en los cascos urbanos.

De manera que ha situado la pelota en el tejado de la Diputación que, por ahora se ha limitado a señalar que considera que no tiene atribuida por ley ninguna competencia para la regulación de las colonias felinas y, por consiguiente, para la aplicación del programa CES en los municipios de menos de 20.000 habitantes.