Este sábado el Movimiento de Organizaciones feministas de Castilla y León ha pedido la dimisión del Gobierno de Castilla y León por "eliminar los derechos de las mujeres", además de "pretender dirigirlas a un sufrimiento innecesario". Desde la organización, han calificado a los gobernates como "misóginos" y les han acusado de "poner en la diana perseguir los derechos de las mujeres".

En la concentración convocada en la plaza de San Marcelo la portavoz del Movimiento Feminista de León, Ana Vicente, ha expuesto las diferentes peticiones que ha lanzado el Movimiento. Desde la organización le han hecho llegar su petición de apoyo a las diferentes asociaciones, plataformas, entidades y colectivos nacionales ante "los ataques a los derechos de las mujeres por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma". 

Vicente ha preguntado retóricamente que si las mujeres castellano leonesas pueden ejercer de manera efectiva su derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, pues no deberían estar "sometidas a ningún tipo de presión o coacción". De esta manera ha recordado que los derechos sexuales y reproductivos "son Derechos Humanos", según reconoce la ONU. 

Desde la ONU también recomienda "eliminar todo obstáculo normativo o dilatorio". Dichos obstáculos son los que "precisamente" existen en Castilla y León para que las mujeres "tengan derecho a un aborto seguro y no estén sometidas a circunstancias que les obliguen a hacerlo en condiciones que incluso puedan poner en peligro sus vidas".

ABORTOS EN CENTROS PRIVADOS

De acuerdo con los datos que ha aportado Ana Vicente en su intervención, el 97,7% de los abortos llevados a cabo en Castilla y León durante 2021 fueron derivados a centros sanitarios privados. En Burgos y Valladolid, en cambio, se destinó a las mujeres que solicitaban el aborto a otros territorios para realizar la intervención.

La portavoz del Movimiento Feminista de León también explicó que todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar son derivadas a Valladolid o a otra comunidad autónoma, como aseguró que es el caso de Soria, donde las mujeres son derivadas a una clínica concertada en Madrid. Así, "si una mujer residente en León quiere ejercer su derecho a abortar gratis en su provincia, no puede hacerlo, sino que tendrá que acudir a una clínica privada y pagar por el procedimiento". A ello sumó que "Castilla y León es la única comunidad donde no está financiada la sedación para abortar".

Todas estas "restricciones, obstáculos y coacciones para acceder al aborto" llevan "demasiado a menudo a optar por abortos inseguros", dijo Vicente, quien puso de relieve que "solo las mujeres que tienen dinero y medios podrían acceder a abortos seguros, mientras que las de menores recursos tienen que someterse a una carrera de obstáculos". "¿De verdad cree el Gobierno autonómico que se va a fijar población con este tipo de medidas?", se preguntó.